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El racismo y el desarrollo rural en las comunidades afroperuanas



Vanesa Verástegui Ollé



Estudiante de maestría de antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Activista del Grupo Impulsor Contra el Racismo y Otras Formas de Discriminación- GIM PERU
Integrante del programa Desarrollo Rural del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán



A lo largo de la costa peruana existen alrededor de 85 comunidades afroperuanas cuya formación data de la época de la esclavitud colonial; documentos coloniales prueban la historicidad de las mismas . Sin embargo, esta población suele quedarse al margen de los programas de cooperación y desarrollo rural y tampoco se la incluye en los planes regionales y locales. A diferencia de Colombia, donde la Constitución de 1993 reconoce el estatus legal de “comunidades negras” mediante la Ley 70 o Ley de Negritudes para la zona rural de Choco, Cauca , en el Perú se suscitan muchas dudas en torno a la territorialidad, autonomía y tenencia de las tierras agrícolas por parte de los afroperuanos por no ser originarios ni ocupar estas tierras antes de los españoles, como es el caso de los indígenas.

Desde la abolición de la esclavitud en 1854, la población negra en el Perú no pudo integrarse socialmente tras su liberación y expulsión de los latifundios por sus dueños, para quienes ya les eran improductivos. Muchos ex esclavos se fueron a la ciudad y trabajaron en oficios mal remunerados, de poco rango social o terminaron residiendo en zonas tugurizadas y pobres.

Las comunidades afroperuanas se originaron en los antiguos palenques ubicados en las zonas de El Ingenio, Morropón, la Banda, el Guayabo, también se encontraban asentadas dentro o fuera de las haciendas coloniales . En estas haciendas, los esclavos de origen africano fueron obligados a trabajar como peones en plantaciones de azúcar y algodón. Actualmente, estas comunidades se encuentran localizadas en Chincha, Ica, Nazca, Piura y Lambayeque, y no son consideradas como patrimonio cultural de saberes, ni sus tradiciones orales son estudiadas por la Academia.

En Colombia, en la zona de Choco, caracterizada por su biodiversidad, la población negra se organiza en torno a economías campesinas, mientras que en el Perú el grueso de la población de origen africano que vive en distritos rurales periféricos se mantiene gracias a trabajos agrícolas eventuales. Por su parte, las comunidades negras de Ecuador de la zona de Esmeraldas se organizan en base a discursos de ordenamiento y conservación territorial. Aunque no podemos forzar que las comunidades afroperuanas se inscriban dentro del modelo campesino indígena, se trata de comunidades culturales con especificidades locales y regionales.

La principal actividad económica en aquellas comunidades o caseríos es la agricultura; sin embargo, según el estudio de APEIDO- Asociación Pluriétnica Impulsora del Desarrollo Comunal y Social “La presencia afroperuana en el desarrollo de la agricultura en Cañete”, durante la Reforma Agraria las comunidades afroperuanas fueron excluidas de la parcelación de las tierras resultando una práctica discriminatoria hacia esta colectividad. Tampoco se las tomó en cuenta en el Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) impulsado por el Estado en la década del noventa.

En las zonas rurales, el agricultor negro no ha cambiado su estatus campesino desde que dejó de ser esclavo, en tanto que en Colombia, por ejemplo, existe un sector significativo de clase media conformado por afrodescendientes que se convirtieron en hacendados, ya que los ex esclavos se apoderaron de las tierras agrícolas -las haciendas de El Pílamo- cuando sus propietarios las abandonaron tras la crisis en el agro colonial. He aquí la diferencia con nuestro país, pues mientras que al campesino afroperuano no se le consideró en el reparto de tierras, en Colombia, la población negra se convirtió en prósperos campesinos, a los que posteriormente en el siglo XX durante la Reforma Agraria de los setenta les expropiaron incluso sus haciendas.

Una de las pruebas del racismo existente hacia los afrodescendientes en el Perú es el empobrecimiento de estas comunidades y la precariedad en los servicios médicos de salud, a los que muchas veces no tienen acceso, la poco sólida infraestructura de las viviendas, escuelas, la deficiente educación que se les brinda; problemas de sanidad, falta de electricidad, agua potable y control ambiental.

A ello se suman los desastres naturales que no hacen sino confirmar la invisibisivilidad de estas comunidades ante el Estado peruano. Así, el terremoto del 15 de agosto de 2007 fue otra prueba más del racismo y el desinterés por parte del Estado hacia la población afrodescendiente, una de las más afectadas durante el sismo, ya que la ayuda del gobierno brilló por su ausencia en las comunidades de El Carmen, Chincha Alta, San José, San Regis y Pueblo Negro.

Según los informes de INDECI – Instituto Nacional de Defensa Civil, Chincha fue la zona con más familias damnificadas, incluso más que Pisco e Ica, lugares estos donde se concentró mayormente la ayuda. El terremoto de agosto destruyó las antiguas y frágiles viviendas de adobe, dejando al descubierto el empobrecimiento de estas familias.

Por ello se han realizado diversas audiencias públicas descentralizadas en comunidades del Norte, Centro y Sur donde se concentra la población afroperuana como seguimiento a los acuerdos de los Planes de Acción de Santiago y de Durban, dando como resultado la elaboración del documento “Plataforma de las Comunidades Afroperuanas” con 15 acciones concretas que demandan al Estado peruano (2000) . Entre las demandas se encuentran incorporar la variable étnica en los censos nacionales como una medida cuantitativa y reivindicatoria de los afrodescendientes en el Perú, garantizar los servicios básicos en las comunidades afroperuanas mediante inversiones en los sistemas de salud, educación, electricidad, agua potable; establecer una Secretaría Técnica de Asuntos de la Población Afrodescendiente en las regiones y macrorregiones para el monitoreo de las políticas y los planes a favor de las comunidades .

Asimismo, salió a la luz la necesidad de incorporar en el mapa de extrema pobreza a las comunidades afroperuanas y aplicar políticas de financiamiento a las campañas agrícolas de los pequeños agricultores afrodescendientes; salvar la propiedad de las tierras puestas como garantía para los créditos agrarios.

De hecho, el reconocimiento de la propiedad de las tierras ancestrales es parte del discurso étnico de los afrodescendientes en Latinoamérica surgido como Nuevos Movimientos Sociales desde el año 2000 a partir de la III Conferencia Regional de las Américas en Santiago de Chile- (PRECOM) de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación racial, la Xenofobia y otras Formas conexas de Intolerancia, que tuvo lugar en Durban (África 2001). En ambas conferencias se planteó el uso de la categoría “afrodescendiente” para combatir los estereotipos y deconstruir así las categorías raciales de “negro” o “negra”. Desde entonces, las reivindicaciones de las organizaciones afroperuanas, como las de Latinoamérica, devienen en políticas de identidad como una estrategia para revertir las condiciones de discriminación y racismo en la que se encuentran sumidas. Sus acciones giran en torno a lo que los estudiosos denominan la perspectiva político-cultural que, para el antropólogo colombiano Arturo Escobar, se trata de prácticas y significados culturales de los disidentes y marginales en oposición a un orden cultural dominante. O como bien señala Peter Wade, se crea así una representación de la historia según la cual todos los que tienen raíces negras han heredado algo en común: la esclavitud, la discriminación racial y la lucha contra una y otra…” (1996: 287).

A partir de Santiago y Durban, la población afrodescendiente demanda a los Estados solucionar jurídicamente los problemas de propiedad de las tierras ancestrales habitadas por afrodescendientes y adoptar medidas que promuevan su desarrollo dentro de los territorios que ocupan. Para el caso peruano, las nociones de territorialidad y de pueblo son puntos pendientes dentro de la agenda del movimiento afroperuano y será uno de los mecanismos para lograr igualdad de oportunidades a favor del desarrollo y reducción de la pobreza en las comunidades rurales afroperuanas.

La debilidad del movimiento afroperuano es una desventaja para poder resolver los conflictos entre territorio y etnicidad; en tanto el movimiento campesino de la zona del río de Paitía de Colombia tiene experiencias políticos organizativas cuyo discurso supo imbricar las categorías étnica (identidad territorial) con la de clase (organización campesina). Alrededor de la ACAPA – Asociación Campesina del Paitia Grande- se logró la titulación de tierras colectivas en la época de la Reforma Agraria través del INCORA- Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Si comparamos con el caso peruano, el agricultor negro no desarrolla su visión del mundo en torno a un discurso étnico del modelo indígena -el de ancestralidad, autonomía y territorialidad- estando sus identidades más ligadas a las tradiciones locales.

No obstante se ha logrado incorporar dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 , la necesidad de armar un marco jurídico de protección y promoción a la población afroperuana en iguales condiciones de derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y nativas: “Se estudiará la posibilidad de reconocer los mismos derechos a las comunidades afrodescendientes”. Además de promover la visibilización de la población afrodescendiente como parte constitutiva de la nación peruana.

Las comunidades rurales no tienen la amplitud del espacio geográfico de las poblaciones originarias y representan sólo el 10 % de la población peruana, aproximadamente, 2 millones 500 mil personas; no obstante, son comunidades culturales con historia, identidad y tradiciones con derechos a una ciudadanía étnica porque son parte de la nación peruana. Es decir, una “ciudadanía diferenciada” como lo propone Iris Marion Young (1989), ya que deben ser incorporados a la comunidad política oficial no solo en calidad de individuos sino también como colectividad o como “derechos poliétnicos” según Will Kymlicka (1994), que son medidas legales para las particularidades de grupos en desventaja. Porque más que los conceptos literales de ancestralidad y territorialidad, la importancia está en la agencia y en la epistemología de los subalternos. Así, para el venezolano Jesús Chucho García, se trata de rescatar al sujeto histórico afrodescendiente desde “adentro” para reconstruir el conocimiento sobre ellos mismos que, a modo de identidades y cultura de resistencia, reinventan pasados y construyen memorias históricas colectivas.



Agosto 2009




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